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La firma electrónica es la alternativa para identificarse en momentos en los que no es posible realizar una firma manuscrita, herramienta que ha sido reconocida en la legislación nacional desde 1999 pero que ahora, luego de la pandemia, ha ganado mayor protagonismo tanto que la oferta de plataformas que ofrecen la generación de la firma es amplia. De acuerdo con el Decreto 2364 de 2012, la firma electrónica comprende varios métodos, estos pueden ser desde códigos, contraseñas, datos biométricos como el reconocimiento facial, dactilar o de voz, o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona.

La necesidad de firmar electrónicamente los documentos, pero hacerlo de una forma ágil y segura, ha llevado a que en el mercado local crezca de forma considerable el número de compañías que brindan este servicio. En el país funcionan tanto multinacionales, que son gigantes de la certificación digital, como empresas locales que ya cuentan con tecnologías bastante avanzadas. Según datos de la Onac, una decena de organismos están acreditados para ofrecer esta clase de servicios en Colombia. Empresas como Certicámara, Edicom, Thomas Signe, GSE, Olimpia IT, PKI Services y Valid son algunas de las más importantes. La mayoría de ellas prestan servicios adicionales relacionados con la seguridad electrónica y digital, y están acreditadas por la Onac, que es la entidad encargada de auditar este tipo de compañías en el país.

Aunque la firma electrónica comenzó a utilizarse en el mundo en el año 2000, es en la última década que ha venido cogiendo mayor fuerza, aunque especialmente desde 2019, cuando los efectos de la pandemia le han permitido convertirse en una herramienta tecnológica indispensable en los negocios, hasta el punto de alcanzar un mercado global de US$2.800 millones, en 2020, y, según estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, a 2026 se estima que logre llegar a los US$14.100 millones, lo que ratifica el éxito global que viene marcando este proceso.

La encuesta de Fenalco reveló que el 37% de los consultados gastó entre $50.000 y $100.000, el 35% invirtió máximo $50.000 y un 28% presupuestó gastar más de $100.000. Debido a estas cifras es importante que los colombianos conozcan la importancia de la ciberseguridad al momento de hacer compras en línea. Certicámara brinda unos consejos para tener compras seguras y confiables en el mes de amor y amistad.

El 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo que este año tiene como objetivo resaltar la importancia de esta herramienta para el medioambiente y la circulación de información. Mediante los correos electrónicos los usuarios manejan un alto flujo de información y de conversaciones. A veces es difícil llevar rastro de qué correos y a quién se ha enviado una información importante. Es por esto, que en el Día Mundial del Correo se buscan resaltar herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad y eficacia a las personas. Certicámara cuenta con el Correo Electrónico Certificado para garantizar monitoreo y seguridad en los correos.

Se llevó a cabo la primera Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 111 de 2022 Senado, por la cual se expide el código del registro civil, identificación de las personas y el proceso electoral colombiano. Los coordinadores ponentes en primer debate fueron los senadores Germán Blanco Álvarez, (Partido Conservador), Alejandro Vega Pérez (Partido Liberal) y Alfredo Deluque Zuleta (Partido de la U).

El primer interviniente de la sociedad civil fue Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, quien manifestó su preocupación frente al artículo 134 de la iniciativa en discusión, el cual, en su parecer, debe ser eliminado por limitar única y exclusivamente a la Registraduría, el desarrollo de software para los procesos de autenticación, evitando la posibilidad a la empresa privada y a los jóvenes colombianos emprendedores que desarrollan esta función. A esta preocupación se sumaron la ANDI y Certicámara, quienes consideraron que se debe ajustar este artículo, pues, afirmaron, la capacidad de este tipo de desarrollos la tiene el privado.

En la mañana de este jueves, se desarrolló la primera Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 111 de 2022 - Senado, por la cual se expide el código del registro civil, identificación de las personas y el proceso electoral colombiano, cuyos coordinadores ponentes en primer debate son los senadores Germán Blanco Álvarez, (Partido Conservador), Alejandro Vega Pérez (Partido Liberal) y Alfredo Deluque Zuleta (Partido de la U).

La principal función que ha desarrollado la Registraduría Nacional del Estado Civil en su prolongada existencia es la identificación de los colombianos; sin embargo, ahora busca también encargarse de autenticar la identidad de las personas. Así lo propone en el proyecto de reforma al Código Electoral, lo que no ha caído bien en el sector privado porque considera que lo sacarían de la actividad, convirtiéndose esto en un monopolio.

Durante la realización del XIX Congreso Nacional de Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana del sector se conoció del acuerdo suscrito entre el gremio y Certicámara con el fin de facilitar los procesos de trámites digitales de las empresas. La transformación digital es algo que le exige a todos los sectores de la economía tener procesos más eficaces y óptimos. Con la tecnología de certificación digital que tiene Certicámara, el sector de la infraestructura colombiana podrá hacer parte del cambio digital.

La Cámara Colombiana de Infraestructura y Certicámara anunciaron una alianza que estará vigente durante 12 meses, con el objetivo de impulsar a los más de 1.000 afiliados a migrar a soluciones tecnológicas para sus procesos. Martha Moreno, presidenta de Certicámara dijo que, con esto, las empresas podrán adaptarse a los cambios que no se pueden prever y aprovechar oportunidades del sector.

Por los pasillos del Edificio Murillo Toro de Bogotá, sede del Ministerio de las TIC, andan circulando un par de borradores de una norma en la que están en juego multimillonarios contratos para la modernización de la identificación digital de los colombianos. Se trata del artículo 134 de la reforma al Código Electoral, una iniciativa que ha estado rodeada de denuncias sobre la supuesta repartija de puestos en la Registraduría a cambio de su aprobación y hasta de intereses opacos de grupos empresariales para quedarse con jugosos contratos que entrarían en escena.